13 de Julio de 2009
Mafioso del y en el Poder
Desde que estalló el escándalo
de corrupción que el lunes pasado llevó a la cárcel el
destituido intendente de esta ciudad, Julio Alegre, buena
parte de los dirigentes políticos de esta provincia están
convencidos de dos cosas. La primera es que el funcionario
jamás podrá justificar el feroz aumento de su patrimonio. La
segunda, que el veloz avance del caso es resultado de una
sorda batalla en la cúspide del poder provincial.
Los protagonistas excluyentes de la disputa
son
el propio Alegre, que también presidía el comité Capital de
la UCR y de la convención provincial, y el gobernador
Gerardo Zamora, el más leal de los radicales K y líder
indiscutido del distrito.
Los dos mantuvieron una estrecha alianza durante años y,
hasta hace sólo dos semanas, transitaron codo a codo la
campaña que culminó con un claro triunfo del oficialismo en
la provincia.
Pero, según comentarios
coincidentes de dirigentes opositores y de abogados que
intervienen en la causa contra Alegre, la relación se había
deteriorado en los últimos meses, cuando el gobernador
comenzó a sospechar de una futura traición: Alegre planeaba
ser reelegido el año próximo y pelear la gobernación en
2013, ante la imposibilidad de una nueva reelección de
Zamora.
"Lo que está haciendo el juez es una medida
de finalidad política, que tiene por objetivo sacar de la
cancha a Alegre. El gobernador es peor que el intendente.
Pero taparon todo hasta después de las elecciones y ahora
pusieron a un nuevo intendente que es dueño de empresas
constructoras", denunció a LA NACION
el ex senador José
Zavalía, mentor político del gobernador y del ex jefe
comunal.
Con él coincidieron
Francisco
Cavallotti, diputado provincial y heredero político del ex
gobernador Carlos Juárez, y Chabay Ruiz, un ex radical que
dirige el vecino municipio de La Banda.
"Zamora no puede decir que no sabía nada de lo que hacía
Alegre. Lo grave es que haya quienes tienen el poder de
tapar o de desnudar cualquier descarrío", sostuvo Cavalotti.
"La lógica es perversa. Pero se sabe que Zamora quería
bajarlo a Alegre ahora para que no se lanzara como candidato
a intendente primero y para gobernador después", consideró
Ruiz.
Luego de una larga y compartida
militancia bajo las órdenes de Zavalía, al que luego
traicionaron, los destinos políticos del gobernador y del
destituido intendente quedaron soldados en febrero de 2005,
cuando Zamora, entonces intendente de la capital, ganó las
elecciones para gobernador, luego de la intervención federal
que siguió a la caída de los Juárez. El elegido para
terminar su mandato en el municipio fue Alegre, hasta
entonces presidente del Concejo.
Destino común
Un año después, cuando Zamora ya se había
afianzado en el poder provincial a partir de su alianza con
Néstor Kirchner, Alegre
ganó las elecciones para seguir como intendente hasta 2010.
Las fotos del cierre de campaña de las últimas elecciones
los mostraron juntos, arriba del acoplado de un camión en el
que recorrieron las calles de esta ciudad. El día anterior,
habían recibido, también juntos, a
la presidenta
Cristina Kirchner.
Lo que no mostraban las imágenes era el
creciente recelo que habían generado algunos gestos de
independencia de Alegre. El último fue en marzo, luego de
las elecciones de Catamarca en las que Zamora había
trabajado para el kirchnerismo. Alegre celebró el triunfo
del
gobernador Brizuela del Moral,
como había hecho el año pasado con el voto "no positivo" de
Julio Cobos.
El ex intendente mantenía buena relación con
el senador Emilio
Rached, personaje clave de esa sesión en el Senado, que votó
en contra de los deseos del gobernador.
Ante la catarata de pruebas que
reunió el juez Gustavo Herrera contra el ex intendente,
nadie se atreve a defender a Alegre ni a negar su
enriquecimiento ilícito. Pero son varios los que advierten
sobre los tiempos "extraños" de la causa, que sólo apuntó
contra el ex intendente tras las elecciones del domingo 28.
El expediente judicial se inició
el 15 de mayo, luego de la detención de César Villalba, un
cadete de la municipalidad que había cobrado un cheque por $
15.000 emitido por la Secretaría de Obras Públicas. El
arresto lo hizo la policía provincial, sin orden judicial ni
causa abierta ni denuncia previa, cuando Villalba regresaba
al municipio con el dinero, aunque esta práctica se había
repetido varias veces durante el último año.
Uno de las declaraciones que
desencadenó los allanamientos en las propiedades de Alegre,
el viernes 3, fue la del ex secretario de Obras Públicas
municipal Marcelo Bustos, removido en mayo, tras la apertura
de la causa. Lo extraño es que el juez sólo citó al ex
funcionario después de las elecciones, pese a que Bustos ya
había involucrado a Alegre en mayo.
Como todos los jueces de la provincia,
Herrera fue nombrado en forma interina, por decreto de
Zamora, sin aprobación de la Legislatura. Ahora integra una
terna elaborada por el Consejo de la Magistratura local para
ascender a la Cámara del Crimen.
Nota periodística
de Gabriel Sued, enviado especial a Santiago del Estero para
el diario La Nación.
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NOTA RELACIONADA:
César Villalba, el primer detenido de la causa que llevó a
la cárcel a Julio Alegre, el destituido intendente de esta
ciudad, tiene 26 años y vive con su madre y sus hermanos, en una
casa humilde, ubicada en una calle de tierra del barrio 8 de
Abril, uno de los más pobres de la zona.
El 15 de mayo pasado había ido al Banco de Santiago del
Estero a cobrar un cheque a su nombre, por $ 15.000, que le
había dado el hoy prófugo
Oscar Farías, entonces director de Obras Públicas
del municipio. Era una de las tareas que cumplía en la intendencia a cambio de
los $ 200 mensuales que recibía como beneficiario del Plan
Higiene, un programa social de la intendencia.
La policía lo detuvo minutos antes de las 9, cuando caminaba
con los $ 15.000, de regreso a la municipalidad. Sólo
recuperó la libertad 17 días después y aún hoy está acusado
de integrar la asociación ilícita que, según la hipótesis
del juez Gustavo Herrera, comandaban Alegre y Farías.
Entre las pruebas que pesan contra Villalba figura la
reciente creación de dos empresas, que serían parte de la
maniobra, según señalan fuentes judiciales al tanto del
expediente.
"Ellos me decían que los cheques eran para pagarle a
proveedores. Yo no sé qué hacían después con la plata",
cuenta Villalba a
LA NACION, en la cocina de su casa, ante la atenta mirada de su madre,
una puntera política del radicalismo.
"Cuando los policías me detuvieron en la calle, me pedían
que involucrara a más gente, me dijeron que recibían órdenes
de arriba", agrega.
-¿Quién los mandaba a cobrar los cheques y a quién le
entregaba el dinero?
-Siempre Farías. El acostumbraba a mandarme a cobrar
cheques, tres o cuatro veces al mes. A veces eran de $ 4000
o de $ 5000. Lo máximo fue $ 15.000. El día que me
detuvieron, me dijo que fuera a cambiar un cheque porque
tenía que pagarle a un proveedor. Cambié el cheque y cuando
salí, hice una cuadra y me detuvieron.
-¿Le dijeron por qué lo detenían?
-No. El chango que me detiene, yo lo conozco, me dice: "Ya
van a cagar los pícaros de Farías". Me tomaron declaración.
Querían que contara cosas que yo no sé, que involucrara a
otra gente. Me dijeron que les habían dado órdenes desde
arriba. Me amenazaron: me dijeron que me iban a bolsear,
que me iban a poner una venda.
-¿Por qué formó dos empresas en marzo?
-Las hice con un amigo. Hacíamos trabajos de albañilería y,
a veces nos pedían factura y nosotros no teníamos que
presentar. Por eso, él me dijo que hiciéramos las empresas
para poder trabajar más. Igual, todavía no habíamos hecho ni
una sola factura.
Diario La Nación, desde Santiago del Estero.